El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 es, para la mayoría de la población de esta ciudad, un tema nebuloso.
Sin claridad de los beneficios que tiene la planeación en la vida diaria, especialmente en la resolución de los problemas con los que hay que lidiar diariamente o a corto plazo, es poco el interés sobre cómo se toman las decisiones de la formulación de este instrumento para guiar y evaluar el camino hacia la ciudad que queremos.
Para las personas vivimos o que transitamos por la Ciudad de México, existen preocupaciones reales pero inconexas con un instrumento de planeación y política pública como el Plan General de Desarrollo. El pago del predial, las obras del Metro, el impacto de las lluvias en la movilidad, la operación del transporte, el acceso al agua, los desalojos, las rentas de la vivienda, la calidad de los servicios de salud, los riesgos ambientales y la seguridad pública nos preocupan, sin embargo, quienes se encargan de la planeación y prospectiva de la capital, no saben cómo comunicar qué relación guarda una planeación democrática, abierta y participativa, -como la que menciona la Constitución de la CDMX-, con estas preocupaciones cotidianas.
A finales del año pasado, acudí a uno de los foros de participación ciudadana a los que convoca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y la Secretaría de Gobierno de la CDMX para conocer las propuestas ciudadanas sobre cómo deben abordarse los problemas ambientales, urbanos y sociales para que estas sean plasmadas en la redacción final del Plan General de Desarrollo. Me interesaba escuchar los “cómo”, principalmente.
Además, mi objetivo fue observar la organización de estos foros y conocer si realmente las propuestas son formuladas por personas que no tengan nada que ver con las estructuras partidistas o gubernamentales y que compartieran alguna experiencia técnica, de investigación o de colaboración comunitaria. Ese 13 de diciembre, lo que vi fue una presencia mayoritaria de funcionarios de alcaldías y de las dos instancias de gobierno que organizaron el foro. Fuimos pocas personas que nada tenemos que ver con el gobierno y la mayoría de las intervenciones fueron para señalar los problemas comunes de la ciudad, en una especie de círculo de desahogo.
Entiendo que los actuales funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México tienen la misión de hablar de manera muy entusiasta sobre esta propuesta de Plan General, como si fuera una carta de buenas intenciones en la cual aparecen generalidades utópicas. En un enfoque sistémico, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México debería contar con un diagnóstico sobre las particularidades del territorio en las alcaldías y de los problemas compartidos con los municipios de la megalópolis.
Sin embargo, en este foro no se dio ningún tipo de datos que sirvieran de palanca para la comprensión de los ejes de trabajo para 20 años del Plan General de Desarrollo de nuestra ciudad. Para mí era importante tener algunas referencias sobre la situación de las personas que requeriremos cuidados especializados en ese futuro ya cercano. ¿Qué políticas se tienen previstas para cuando formemos parte de ese millón de personas? Mientras escuchaba a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México contestar con un tono condescendiente las preguntas de los asistentes, pensaba si su prospectiva contempla que más de la mitad de la población joven en el presente está empleada en trabajos informales que no les garantizan prestaciones sociales, mucho menos un crédito para una vivienda en lugares con infraestructura y conectadas al transporte público.
Se habló mucho del derecho a la ciudad como horizonte deseable, sin embargo, no deja de ser una imagen objetivo, basada en lo que ya señala la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 12. Esa antigua idea del derecho a la ciudad que nació en Francia y se trasladó a la narrativa burocrática de partido, se ve un poco aboyada después de 30 años de gobiernos “progresistas” en la capital que al final, nos dan retóricas como cuentas de vidrio, pocas soluciones a problemas creados por medidas como el Bando 2 y por las disputas del territorio que afectan la seguridad ciudadana.
En fin, no podemos esperar que el Plan General de Desarrollo tenga algún tipo de innovación cuando los personajes detrás de varios conflictos que nos tienen en la mayor crisis hídrica, ambiental, ocupacional, de cuidados y de seguridad en la CDMX siguen ahí, llevando la misma fórmula de la “planeación participativa” a la cual suman a quienes, por necesidad o por sometimiento, van a legitimar un documento ya definido desde arriba.
A mí me hubiera encantado saber, en esta perspectiva sistémica con la cual está organizada la planeación de la CDMX, ¿cómo piensan en el gobierno central articular el Sistema de Derechos Humanos, el Sistema de Cuidados y el Sistema para la Planeación Democrática y Prospectiva? Sería bueno saberlo ya, porque en el contexto del debilitamiento de los organismos autónomos y de los evaluadores de la política pública, la desaparición del instituto local de transparencia y el monopolio del Congreso, aquello que venga escrito en el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México puede quedarse como un panfleto para el consumo de los aliados de la “gran transformación”, pero sin utilidad para guiar la sustentabilidad, el bienestar, la garantía de derechos y la democracia desde la coordinación intersectorial, interinstitucional y con el sector privado.
Cuando fui al foro de consulta, no solo hice estas anotaciones sobre mis preocupaciones, basadas en mi experiencia de trabajo y como ciudadana equis. También pensé en lo que sería necesario sacudir para que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (al cual pretendí dirigir, luego escribiré sobre eso), hiciera algo más que organizar foros, talleres y conferencias.
Aquí hay varios inconvenientes a resolver paralelamente a la imagen objetivo de la ciudad a 20 años. Por ejemplo, fortalecer las capacidades institucionales para cumplir el mandato constitucional y del propio Instituto de Planeación de lograr que en cada ente público y alcaldías haya equipos especializados en planeación y evaluación.
Otro ejemplo, empujar a la mayoría del Congreso que son del mismo partido de la Jefa de Gobierno, para tener un cuerpo legal congruente y alineado con los ejes de trabajo del Plan General de Desarrollo. Ese cuerpo legal debe articular sistemas inconexos como el de movilidad y medio ambiente, ya que la planeación del transporte va junto a la sustentabilidad. También el Instituto debería liderear la creación de un fondo de suelo urbano para que dejen de construir en suelos de conservación, tanto los gigantes inmobiliarios, como los pequeños ocupas impulsados por las alcaldías morenistas para fortalecer su base social.
Y cuando el Plan General de Desarrollo se refiera a los cuidados como aspiración, el Instituto de Planeación debería elaborar más la idea y poner en claro que los cuidados no solo están vinculados a la salud, a la educación y a la distribución de ayudas monetarias, también son tema de movilidad, seguridad ciudadana, impulso de la economía y del trabajo digno. Con mucha honestidad espero que el Instituto tenga un papel más relevante que el de organizar eventos para autoconsumo. De esta manera evitaría que las consultas se conviertan en un trámite más para cumplir con aquello de “preguntar a los gobernados”.
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