La experiencia de la clausura de la fase III de proyecto de B-Grand en la colonia Anáhuac I de la Ciudad de México, puede verse como una lección de lo que sucede cuando no hay una estrategia de comunicación política y lo que las alianzas público-privadas pueden hacer para incrementar la oferta de vivienda para estratos medios sin sacrificar el equilibrio ambiental y la convivencia vecinal.
La mayor parte de las grandes empresas del sector inmobiliario cuentan con áreas de marketing enfocadas a las ventas de sus productos, principalmente para el mercado de vivienda y de oficinas. Para el caso de la Ciudad de Mexico, la comunicación durante los procesos de autorización, ejecución, seguimiento y conclusión de un proyecto con impacto zonal debe estar acompañada por una estrategia con enfoque político y de política pública y no solo de marketing.
Los desarrollos inmobiliarios y las autoridades de la Ciudad de Mexico están obligadas a trabajar en conjunto para diseñar medidas de mitigación de los impactos socio-ambientales y urbanos de los grandes proyectos. Esto es lo que en la normatividad se conoce como medidas de integración urbana, las cuales surgen de estudios técnicos para determinar la factibilidad de servicios de agua y drenaje, las necesidades de movilidad, las condiciones de sustentabilidad y prevención de riesgos estructurales, físicos y ambientales. Las medidas de mitigación también incluyen compromisos vinculados con el Reglamento de Construcciones para no afectar la seguridad, el descanso y la movilidad en el entorno de una construcción durante todas sus fases.
El artículo 3 fracción XIX de la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, define como medidas de integración urbana a "las condiciones que deben cumplir las personas físicas o morales que construyan, amplíen, reparen o modifiquen una obra con el fin de integrarla al entorno urbano, a la vialidad, a la estructura socioeconómica, a la infraestructura y a la imagen urbana”. Desde este marco normativo, toda nueva construcción necesita un Dictamen de Estudio de Impacto Urbano que las autoridades emiten sobre los estudios técnicos elaborados por las empresas para compensar y mitigar la inserción al entorno inmediato.
Este Dictamen es una condición para construir con legalidad. En mesas de trabajo interinstitucionales con las empresas inmobiliarias se determinan las actividades comprometidas para atender las necesidades de la población y el hábitat antes, durante y posterior al proceso de construcción. Ahí participan los representantes de las inmobiliarias, la PAOT, SEDUVI, SEDEMA y las alcaldías en donde se desarrollan los proyectos. Las alcaldías son la primera ventanilla de contacto ciudadano y constituyen la representación del interés vecinal porque sus titulares son electos por voto, así como los concejales. Estos últimos tienen sus oficinas en las alcaldías para dar seguimiento al ejercicio del gobierno local, incluyendo la ejecución de obras y servicios.
Las obligaciones de difundir lo que se dictaminó, aprobó y se determinó como condiciones para que las empresas inmobiliarias son claras para las empresas y para las autoridades. Ambas partes deben poner a disposición de la ciudadanía información de lo que van a hacer para mitigar, compensar y asegurar a la población. Autoridades y empresas también deben informar sobre las medidas para no causar molestias durante el proceso de construcción. La obligación de informar sobre las medidas acordadas para la mitigación socio-ambiental se cumple con una publicación en medios impresos. Sin embargo, el ejercicio de comunicarlas es sustancialmente distinto.
Las obligaciones para empresas y gobierno de la CDMX de informar a la población sobre cómo mitigarán y compensarán el impacto socio-ambiental, no han impedido la propagación de supuestos basados en la desconfianza que los grupos vecinales tienen sobre los desarrollos inmobiliarios y la actuación del gobierno. Aquí es donde aparece la necesidad de llevar una estrategia de comunicación que garantice la ejecución del proyecto inmobiliario desde la confianza, la certidumbre y el entendimiento de que la ciudad es un ente vivo que constantemente se transforma.
La falta de una estrategia de comunicación deriva, en tiempos de la posverdad y la polarización en el ecosistema digital y algorítmico, en olas de oposición vecinal a todo lo que se construya, aún cuando la demanda de vivienda en nuestra ciudad se incrementa cada año y el motor económico del sector de la construcción podría ser una solución si se contara con un marco de planeación urbana y territorial actualizado, avalado por la experiencia técnica y conciliado con los intereses compartidos por la sociedad para tener una ciudad sustentable.
Por parte de las empresas, pocas veces estas cuentan con estrategias de comunicación con los grupos vecinales para explicar de manera detallada, accesible y clara cómo se dan las autorizaciones para construir, a qué están condicionadas y cuáles son sus compromisos de resarcimiento ambiental y social que están basadas en estudios técnicos que se sobreponen a los “sentires” de las personas. Sin duda, su capacidad de diálogo con las comunidades y barrios puede ser la diferencia entre dar marcha atrás a un proyecto debidamente autorizado o terminar un desarrollo con las medidas de mitigación socio-ambiental concertadas y entregadas a tiempo.
Del lado del gobierno de la CDMX, las alcaldías e incluso el poder legislativo, podrían hacer mucho más contribuyendo con una comunicación armonizada con lo que autorizan en las mesas interinstitucionales con las empresas inmobiliarias y los avances en materia normativa para actualizar los viejos instrumentos de planeación territorial con los que contamos. Ademas de publicitar las autorizaciones en prensa, podrían crear espacios de diálogo más cercanos a la población con reglas claras de intervención para frenar los riesgos derivados de la manipulación algorítmica.
A través de las alcaldías podrían hacer llegar los compromisos y metas de intervención convenidas con las empresas. Lo que vemos ahora es que cada quien va por su lado, sin una estrategia común de comunicación integrada a medios conciliatorios con los intereses vecinales para evitar llegar a procesos judiciales que van minando la diversificación en la oferta de vivienda, la creación de empleos formales y la confianza en que las autoridades actúan de manera racional, transparente, orientada por instrumentos de planeación que reflejan una imagen objetivo para el futuro de la CDMX.
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